15 Jan
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La agresión de periodistas que intentaron cubrir una inspección encabezada por el defensor del pueblo en el Centro de Retención Vehicular “El Coco”, mejor conocido como el canódromo, provoca preguntarnos sobre qué tan seguro es hacer periodismo en Santo Domingo


Este tipo de investigaciones es sumamente peligrosa, más aún cuando se atenta contra intereses provenientes de la corrupción que llevan años operando. El maltrato a la propiedad privada, tráfico de influencia, entre otras malas prácticas, es un mal que se viene combatiendo desde hace décadas en Santo Domingo.

Cabe destacar que este gobierno ha logrado romper o acabar con diversas mafias que han venido accionando durante muchos años en el país, pero aún falta un arduo trabajo por hacer, uno de ellos es el tráfico de influencias, presentes en casi todas las instituciones del estado.

Contexto

Santo Domingo 

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, anunció este lunes que se presentará en la Fiscalía del Distrito Nacional para querellarse por las agresiones físicas que sufrió él, miembros de la oficina que preside y miembros de la prensa en incidentes con agentes en el Canódromo.

“Aún nosotros habiendo hecho el proceso natural, que es el anuncio, una vez que decidimos hacer la inspección, por las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, a partir de esta agresión vamos a la Fiscalía del Distrito Nacional donde presentaremos formal querella”, informó Ulloa.

Igualmente explicó que, previo al encontronazo, su presencia en el Canódromo se debía a una inspección, acción que dijo fue interrumpida de manera irregular por los oficiales del lugar, que también despojaron de sus equipos a varios miembros de la prensa.

“Hicimos un proceso de inspección, el cual fue violentado totalmente por la directora del centro y sus oficiales, le rompieron las cámaras a (reporteros de) Listín Diario, CDN, violentaron físicamente a una periodista”, indicó.

Entre los agredidos reportados en la trifulca está el equipo de reporteros de este medio que se presentó al lugar, otros periodistas, el secretario general de la Oficina del Defensor del Pueblo y otros miembros de esa entidad.

Asimismo, calificó el incidente como una “violación flagrante” por parte de la directora del Canódromo, al mismo tiempo que exigió que los equipos que fueron retirados de manera forzosa a reporteros sean devueltos.

Fuente: Listín Diario

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